Durante el Café Asime nuestra invitada, Karolina Zoi Andriakopoulou, analizó el procedimiento de sustracción internacional de menores en Grecia, destacando que el progenitor que solicita la restitución debe actuar con rapidez y presentar directamente la solicitud ante el Juzgado de Primera Instancia competente, sin necesidad de acudir previamente a la Autoridad Central. Esta vía es especialmente importante porque los procedimientos griegos pueden prolongarse durante meses y el paso del tiempo puede favorecer al progenitor que retiene al menor, especialmente si consigue demostrar que este se ha adaptado a su nuevo entorno. Entre las excepciones más habituales se encuentran el grave riesgo para el menor previsto en el artículo 13.1.b del Convenio y la adaptación al nuevo entorno contemplada en el artículo 12.
Uno de los principales problemas señalados es precisamente la lentitud del sistema judicial griego. Una vista puede fijarse varios meses después de la presentación de la solicitud y la sentencia puede tardar otros tres o cuatro meses; además, los recursos de apelación y casación pueden prolongar considerablemente el procedimiento. Andriakopoulou explicó que, aunque desde 2021 los tribunales ya no deberían considerar que la propia restitución constituye un “grave riesgo”, siguen existiendo resoluciones diferentes y se valoran circunstancias objetivamente graves como violencia familiar, abusos sexuales, guerra o situaciones extremas.También advirtió de los elevados costes del procedimiento y de la ausencia de asistencia jurídica gratuita para extranjeros.
Como conclusión, recomienda no perder tiempo en cuestiones penales o de custodia y concentrarse inicialmente en conseguir la restitución del menor. Entre los errores más graves de los abogados se encuentra priorizar la denuncia penal o solicitar simultáneamente la custodia, ya que ambas actuaciones pueden retrasar o perjudicar el procedimiento de restitución. El sistema griego se diferencia de otros países europeos por la duración excesiva de los procesos, por una interpretación a veces amplia del concepto de grave riesgo y porque algunos jueces abordan la restitución como si fuera un litigio de custodia, comparando qué situación sería mejor para el menor.